El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado (SSP), Ardelio Vargas Fosado, aseguró que las quejas presentadas por violaciones a los derechos humanos en el Cereso de Tepexi de Rodríguez se deben a inconformidades por la disciplina que los custodios mantienen, no por acciones fuera de la ley que vulneren la seguridad de los internos, pues se trata de un centro "modelo" a nivel estatal y nacional tanto en infraestructura como en sistema de reinserción social.
“Aquí hay mucha disciplina, sí, es parte de lo que necesitamos a veces para reencontrar nuestro camino. Es un Centro de Readaptación Social, no es Disneylandia”, aseguró el funcionario al término de una visita que realizó al centro para entregar certificados de primaria y secundaria a internos que concluyeron sus estudios y recorrer parte de las instalaciones, acompañado por su hija Guadalupe Vargas, medios de comunicación y personal administrativo.
Si bien al principio el secretario de Seguridad negó que existieran quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, terminó por reconocer que muchos internos han externado inconformidades, a lo que respondió “estoy consciente y convencido de que lo que estamos haciendo está dentro de la ley y los parámetros que marcan incluso las convenciones internacionales.”
Por otra parte, afirmó que el pago de cuotas a custodios para recibir visitas o privilegios es un asunto finiquitado desde el primero de febrero, con la llegada de la nueva administración y “la limpieza” del sistema que ha culminado en la salida voluntaria o forzosa de al menos 300 elementos, tanto custodios como administrativos, una tarea que reconoció no ha sido fácil.
Al respecto, Vargas Fosado negó conocer detalles de las irregularidades detectadas en el periodo marinista y aseguró que su atención se enfoca en los meses que lleva como titular de la SSP y las proyecciones a futuro.
Asimismo, Aseguró que la SSP ha tratado de mantener una nueva política de reinserción social que requiere de medidas para disminuir el hacinamiento en penales como el de San Miguel, donde hasta diez reclusos duermen en celdas para 4. Como parte de esa política, se refirió a las actividades productivas encaminadas a la readaptación y a la captación de un ingreso monetario para el sustento de las familias de reclusos, además de la necesaria construcción de nuevos centros con infraestructura adecuada.
En este sentido, dijo que la dependencia cuenta con un presupuesto superior a los mil millones de pesos, sin embargo, la mayor parte se destina a pagos de salarios, por lo que requiere una ampliación de por lo menos 30 por ciento para hacer frente a las necesidades de infraestructura en mediano plazo.
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